La oposición a la Ley Lleras

Por David Osorio

La denominada Ley Lleras, que el Ministerio del Interior presentó para regular los derechos de autor en Internet ha desatado una poderosa polémica entre el gobierno y los internautas colombianos.

Entre los grupos que se oponen al proyecto de ley, hay varios que han marcado el debate. El primero es el colectivo de activistas en línea Anonymous. Este colectivo, como su nombre lo indica, es un grupo de activistas en línea anónimos con una organización acéfala y sin jerarquías, anárquica, que se dedica a boicotear las empresas que según ellos no permiten el libre flujo de información. Su carta de presentación son los ataques de denegación de servicio de las páginas web que atacan y entre las víctimas se han encontrado la página del Ministerio del Interior, la del Ministerio de Defensa y la del Senado.

Ellos aseguran no estar cometiendo ningún tipo de delito. Su firma “Somos Anónimos. Somos Legión. No olvidamos. No perdonamos. Espéranos” se encuentra tanto en sus comunicados como en sus videos, en los que aparecen con una máscara de Guy Fawkes, en referencia al protagonista de la película V de Venganza. Este medio intentó contactarlos pero fieles a su política de no tener representantes, no quisieron hablar.

También está RedPaTodos, que es un colectivo que busca defender la cultura libre de los embates privatizadores de las corrientes económicas que adscriben las industrias culturales y que promueven los derechos de propiedad sobre la cultura a través de sus grupos de presión y lobby.

El objetivo de RedPaTodos es defender un sistema de derechos de autor equilibrado y justo para todos y para esto cuenta con un equipo multidisciplinar entre quienes destaca la abogada Carolina Botero, fundadora de la Fundación Karisma y representante de Creative Commons a nivel Latinoamérica.

Ella resume la problemática así: “Buscando proteger el derecho de autor en Internet, se regula acceso a Internet. Y cuando regulas acceso, fácilmente entras en conflicto con otra cantidad de derechos de quienes también usan Internet”.

Para ella, todos nos vemos afectados por las disposiciones legales del proyecto, que en un aparte prevé que los Proveedores del Servicio de Internet (ISP) retiren un contenido denunciado ante ellos por infringir derechos de autor. Para los detractores del proyecto esto supondría ignorar la presunción de inocencia y otorgarle facultades judiciales a los ISP.

Juan Sebastián Sereno, abogado representante de Universal Music Group International para Colombia, Ecuador, Perú, Venezuela, Jamaica y República Dominicana, considera que los ISP no están recibiendo facultades judiciales ya que “una vez el ISP recibe una notificación, él baja el contenido, corre traslado a la persona que proveyó el contenido y con esa simple contranotificación, él debería, si quiere acceder a la salvaguarda legal, subirlo, es decir que por el sólo hecho de las comunicaciones sube o baja el contenido; él no tiene que realizar juicios de valor”.

Este es el argumento que esgrimen los que defienden el actual proyecto de ley, sin embargo, también existen argumentos jurídicos en contra.

El doctor Iván Vargas, socio fundador de la Asociación Colombiana de Derecho de Daños, “indistintamente de la posterior intervención de los jueces en las denuncias, los ISP tendrán una facultad de restricción de libertades constitucionalmente reconocidas, a través de la figura conocida como reserva judicial, la cual, ha sido, es y deberá ser facultad únicamente de un juez de la República”. Según Vargas, quien es especializado en temas de derecho privado-económico, contratación y propiedad intelectual, “preocupa también la figura de las medidas cautelares, a través de la cual, como medida preventiva, se bloqueará el acceso a contenidos antes de la intervención del juez, lo cual permitirá un escenario de censura para que  terceros, con mala fé, potencialmente puedan tener páginas que van en contra de sus intereses a su merced”.