sábado, 10 de septiembre de 2011

Tres grandes retos de la salud mental en Colombia


Por Marcela Peña

En Colombia la salud mental está lejos de ser una prioridad. La falta de cifras nacionales confiables, la necesidad de que exista una mayor voluntad política y la fragmentación del manejo de la problemática son tres de los problemas más importantes que enfrenta el país en ese campo. 

Según la OMS 20% de los jóvenes en el mundo
 padece algún trastorno
 o enfermedad mental.
“Las personas vienen por problemas de depresión, ansiedad, estrés, dependencias a sustancias psicoactivas. Los motivos de consulta son diversos. Se ven episodios de depresión en niños desde los 6 años y esto refleja en parte que la salud mental de nuestra sociedad está cada día más deteriorada”, afirma Erika Vargas, sicóloga.


Según el Ministerio de la Protección Social cinco de las 10 primeras causas de discapacidad en el mundo son psiquiátricas. La Organización Mundial de la Salud (OMS) señala que una de cada cuatro personas sufrirá algún trastorno mental una vez en su vida y que cerca del 20% de los niños y adolescentes del mundo tienen problemas mentales. 
                                                                                                                                     

Gobernar a ciegas: ¿dónde están las cifras?

Colombia no tiene cifras consolidadas desde que se realizó el Estudio Nacional de Salud Mental en 2003, hace ya ocho años. Allí se llegó a la conclusión de que el 40% de los colombianos han sufrido de algún trastorno mental por lo menos una vez en la vida. Lamentablemente desde entonces no se llevan registros nacionales sobre depresiones, esquizofrenia, ansiedad, problemas de aprendizaje, entre otros.  Apenas se tiene un registro de eventos como suicidios, intentos de suicidio y violencia nacional en el Instituto de Medicina Legal y no en Ministerio de la Protección Social. Lo que en otras palabras significa que se registran los hechos cuando ya la situación se salió de control y poco se sabe sobre lo que sucede antes: es decir, cuando la enfermedad aún es manejable y nadie ha salido herido.

 “En Bogotá estamos al día en los eventos: violencia intrafamiliar, abuso sexual,  suicidios, intentos de suicidio y consumo de sustancias psicoactivas. En términos de trastornos y enfermedades eso no depende de nosotros de la red hospitalaria pública y privada y ahí ya hay dificultades. Si yo quisiera saber cuántas personas tienen bulimia en el país es muy complicado. En Bogotá se puede hacer pero no se registran todos los casos”, admite Pilar Cardona, funcionaria de la Secretaría de Salud de Bogotá para temas de salud mental.

“Una frase muy bonita que le retomo del doctor José posada Villa decía que necesitamos pasar del mito al dato y del dato al hecho. Si no tenemos la cifra, el dato epidemiológico real, basado en la evidencia, va a ser muy difícil tener una propuesta concreta. Necesitamos un Observatorio de Salud Mental en Colombia para consolidar la información. Así se puede asesorar sobre la toma de decisiones y la generación de políticas acertadas de salud mental en Colombia”, afirma Edwin Oliveros, presidente de la Asociación Colombiana de Sicología.

Oliveros resalta que la falta de cifras concretas y confiables sobre consumo de sustancias psicoactivas impidió sacar adelante el proyecto de ley de 2011 que pretendía llevar a los adictos a un tratamiento de rehabilitación pagado por el Estado. Fue imposible calcular cuál sería el costo de la ley ni qué se necesitaba para cumplirla. Agrega que tampoco existen herramientas confiables para evaluar el riesgo suicida en Colombia. La Universidad San Buenaventura trabaja en un cuestionario para detectar si alguien está en riesgo de quitarse la vida, pero aún se necesitan algunos ajustes y pruebas para poder implementarlo.  

La voluntad política 

“Lo más grave es pensar que nuestra sociedad no tiene problemas mentales, eso significa una negación colectiva frente a la realidad social. Creo que es un problema de salud pública pero los recursos destinados la salud mental son irrisorios”, afirma la sicóloga Erika Vargas. “En general para la sociedad, incluidos nuestros mandatarios y legisladores, la salud mental no es importante. Sólo les importa cuando un familiar o una persona cercana debe consultar a un especialista en el área”, agrega

Pilar Cardona coincide con lo anterior y agrega que en ocasiones las iniciativas de los concejales son caprichosas y no contribuyen a mejorar el panorama.” ¿Qué nos hace gastar plata en ludopatía cuando hay problemas mucho más graves de salud mental? Pues que haya un acuerdo del Concejo que dice que tenemos que trabajar en Ludopatía. Muchas veces  ellos proponen cosas que no tienen que ver mucho con lo que está pasando, ellos nunca se reúnen con la secretaría para ver cuáles son las necesidades”. Cardona afirma que la situación es similar en las demás regiones del país.

Otra de las circunstancias que frena las iniciativas en torno a salud mental tiene que ver con que no está claro cuáles son los deberes de las EPS al respecto. El Congreso no ha definido con claridad hasta qué punto están garantizados los tratamientos psiquiátricos. Una consulta particular básica cuesta entre 100 mil y 200 mil pesos.

 “El P.O.S. (Plan Obligatorio de Salud) cubre sicología pero las condiciones no son las óptimas para llevar un proceso adecuado. Algunas guías de manejo requieren al menos 10 sesiones y el P.O.S. no las cubre todas por eso nos toca hacer intervenciones muy rápidas en una o dos consultas” afirma Oliveros.  

“El obstáculo más grande es que mientras el sistema general de seguridad no regule la prestación del servicio de salud mental a nosotros nos queda muy complicado trabajar en lo colectivo. Podemos trabajar en la prevención de una conducta suicida pero van a existir casos  que necesiten intervención y eso le corresponde a las EPS pero si ellos no lo hacen va a haber un riesgo muy grande de que la persona se suicide”, dijo Cardona.  


Cada cual por su lado: iniciativas de las regiones

El Ministerio de Protección Social emitió unos parámetros para el diseño de políticas en salud mental a partir del estudio de 2003. Sin embargo, qué tan grandes o efectivos sean los programas de salud mental en los departamentos depende de la voluntad política de cada uno y hasta el momento no se conocen iniciativas para articular los esfuerzos de las regiones. 

Un ejemplo de lo anterior son las líneas de atención sicológica que algunos departamentos tienen 24 horas. Antioquia atiende en el 444-44-48, Boyacá en el 106 y Bogotá en el 123 a los adultos y en el 106 a los niños y adolescentes. La mayoría de los demás departamentos no cuentan con servicios similares y los ya existentes tampoco se coordinan.
   
En cuanto a cifras, algunos han hecho su tarea juiciosamente. Valle tiene un completo perfil sobre los trastornos mentales de sus ciudadanos con cifras de noviembre de 2010. Allí se incluyen no sólo las afecciones más comunes sino las discapacidades asociadas a ellas. La Gobernación de Antioquia emite un boletín semanal sobre salud mental. Bogotá tiene cifras mes a mes sobre atención en los hospitales de la red pública. En los demás departamentos, por lo general, los eventos relacionados con salud mental no se tabulan independientemente sino dentro de los informes de gestión de salud en general. 

Cada departamento o cuidad define los parámetros para evaluar su gestión en salud mental pero al ser diferentes en cada uno difícilmente se pueden unificar las cifras o realizar comparaciones. 

Cálculos realizados en 2003 estiman que se necesita que el gobierno invierta cerca de tres dólares por persona para poder garantizar un servicio adecuado en salud mental. En un momento en que el sistema de salud afronta una de sus crisis más graves es difícil que esta problemática se convierta en prioridad. A menos que, como en Antioquia, las cifras de suicidio y otros trastornos comiencen a alarmar a las autoridades.  

“En Colombia se considera por ejemplo que ir a un psicólogo o psiquiatra es para personas que no pueden resolver sus vidas solos o peor aún que están "locos". No existe una conciencia de la prevención sino de la curación”, concluye Erika Vargas.   


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