Reforma a la justicia: la defensa

Nota: Este artículo es una continuación del ABC de la Reforma a la Justicia.

por Marcela Peña

Juan Carlos Vélez Uribe, senador ponente del proyecto de reforma a la justicia, habla sobre las fortalezas y debilidades de la propuesta, la inclusión de un artículo que amplía el fuero militar, la doble instancia para congresistas y las críticas al Consejo Superior de la Judicatura.

Actualidad-Extéro: El 4 de octubre usted y otros congresistas presentaron una ponencia con una versión de la reforma a la justicia que fue debatida y aprobada. ¿Cómo la construyeron?

Juan Carlos Vélez: El Gobierno presenta un proyecto, así mismo lo hace el Consejo de Estado y algunos parlamentarios. Entonces, comenzamos a construir una ponencia, a llegar a un acuerdo con las altas cortes, con los funcionarios judiciales, con los notarios, con los juristas, con la academia, en fin. Ese acuerdo, que realmente fue un acuerdo entre los ponentes, fue aprobado en primer debate en la Comisión Primera y ahora pasaríamos al segundo de ocho posibles.

A-E: ¿Es decir que en realidad no hubo ese acuerdo histórico del que tanto se habla?

J.C.V: Aquí algunos medios de comunicación y algunos generadores de opinión han dicho que lo que hubo fue un pacto entre los poderes públicos y no fue así. Nosotros los ponentes escogimos qué era conveniente y qué no pero eso fue el producto de escuchar a muchas personas. Fue el resultado de foros regionales, varias sesiones de la comisión primera y de una audiencia pública. Yo he retado a varios opinadores a que no traten el tema de esa manera tan superficial sino que ahonden en los dos puntos básicos de la reforma: acceso a la justicia y descongestión judicial.

A-E: Algunas personas, como Ramiro Bejarano, sostienen que la reforma lo que hace es darle más poder a los magistrados pero no resuelve los problemas de acceso a la justicia ¿qué les responde?

Quienes han hecho esas columnas o han hecho esas declaraciones ante los medios no leyeron la reforma, ni han participado en los debates ni conocen el trasfondo de todas las discusiones.

A-E: ¿Cómo mejora la reforma el acceso a la justicia?

JCV: Por ejemplo, modificamos el artículo 78 de la Constitución para que los consumidores en Colombia tengan a dónde acudir para resolver sus problemas con quienes les prestan los servicios.

Por ejemplo ¿qué pasa cuando un colombiano recibe una factura donde aparece un consumo que no hizo? La respuesta de la empresa es pague primero y la gente no reclama, se resigna.

En este proyecto establecemos la posibilidad de que funcionarios administrativos, centros de arbitraje, notarios y otros puedan ejercer funciones judiciales. Eso significa, por ejemplo, que un inspector de policía juzgue delitos menores. Miren cuánto sirvió darle la posibilidad a los notarios de definir sucesiones cuando hay acuerdo entre las partes porque antes eso se demoraba como veinte años. Los centros de arbitraje deben ser para causas pequeñas, como la compra de un carro, y no sólo para grandes pleitos.

A-E: Si los centros de arbitraje van a tener la posibilidad de juzgar algunos casos ¿quién va a vigilar que lo hagan imparcialmente?

JCV: La idea es que exista un control de legalidad por parte de instancias jurisdiccionales, de manera rápida y ocasional, sobre las decisiones de los árbitros. Pero eso no está en la reforma, tocaría hacerlo en una ley.

A-E: ¿Quedaron satisfechos los congresistas con la forma en que se implementó la doble instancia?

JCV: En mi caso sí porque se garantiza la doble instancia dentro de la misma Corte Suprema de Justicia, aquí no nos inventamos ningún otro tribunal.

A-E: ¿Por qué decidieron mantener el Consejo Superior de la Judicatura (CSJ)?

JCV: Hoy en día el CSJ tiene una sala administrativa y otra disciplinaria. La crítica ha sido que la sala administrativa tiene funciones que podrían ser asumidas por una persona y no por una serie de magistrados y el problema con la disciplinaria es que dicen que tiene una relación muy estrecha con el Congreso. Lo que hicimos fue mantener la sala disciplinaria para que se encargue de vigilar a magistrados, jueces abogados o funcionarios de la rama judicial y eliminamos la sala administrativa. Creamos una sala de gobierno como una especie de junta directiva para que oriente los temas de inversión en la justicia pero esta no va a aprobar gastos ni a manejar presupuesto; eso lo va a hacer el gerente de la rama judicial. Ese gerente tendrá que darle explicaciones a la sala de gobierno. Sin embargo, todavía quedan muchos asuntos por resolver y aún nos faltan siete debates.

A-E: ¿Cuál es la mayor fortaleza de la reforma?

JCV: La mejora en el acceso a la justicia y la descongestión judicial. Entregarle funciones jurisdiccionales a particulares y algo muy importante es la autonomía de recursos para la justicia.

A-E: ¿Cuál es la mayor debilidad?

JCV: Podríamos hacer mucho más en el tema de acceso a la justicia y me parece que por el afán de buscar la descongestión no hemos dejado claros unos parámetros específicos en el tema procesal. Por ejemplo, en los plazos para resolver los casos porque no hay derecho que de pronto haya procesos que se demoren 10 ó 20 años. Estamos dejando ese tema en manos de la ley.

A-E: En el debate pasado se aprobó un artículo que ampliaba el fuero de los militares y permitía que más casos fueran juzgados por la justicia penal militar. Al día siguiente el ministro del Interior, Germán Vargas Lleras, dijo que eso no se iba a incluir y pidió que lo quitaran ¿finalmente qué paso?

JCV: Yo soy de la teoría de que se quede, inclusive yo he sido el que lo he venido impulsando. El ministro del Interior solicitó el retiro de esa proposición pero hay dos problemas. El primero es que eso ya está aprobado y va para el segundo debate. El segundo es que no ha llegado ningún oficio a los ponentes de parte del gobierno nacional ni hay argumentos claros y convincentes sobre cuál es el motivo para retirarla. Vamos a dar la pelea para que se quede, eso es lo que quiere la fuerza pública.

Hoy es la Fiscalía la que decide si abre o no una investigación contra los militares, esto está generando que a los militares les dé temor enfrentarse a la guerrilla o a las bandas criminales. Lo que debe suceder es que sea la justicia penal-militar la que haga esa evaluación y determine si hubo o no violación al Derecho Internacional Humanitario y decida si traslada el caso a la justicia ordinaria. Eso sí hay que darles una formación muy buena en lo que tiene que ver con derechos humanos a estos funcionarios. Tenemos que garantizarles la presunción de inocencia a todos, por supuesto que hay que castigar a quienes cometan errores, pero no hay que generalizar.