ABC de la Reforma a la Justicia

Por Marcela Peña

El cuatro de octubre se unificó el proyecto de reforma a la justicia. De inmediato el Congreso y el gobierno salieron a celebrar un “acuerdo histórico”. Sin embargo, el texto que salió esa noche de la comisión primera del Senado fue el resultado de la comparación y la unificación entre los tres proyectos radicados este año: el del Consejo de Estado, el del Ministerio del Interior y el de Juan Manuel Corzo, presidente del Senado.

El Congreso deberá hacer otros siete
debates antes de dar el visto bueno
a la reforma.

Juan Carlos Vélez, coordinador de ponentes, presentó a la comisión una versión final que seleccionaba o modificaba algunas de las propuestas para lo cual, según su ponencia, se tomaron en cuenta las intervenciones hechas en diferentes escenarios de debate. El documento aprobado implica pérdidas y ganancias para el Gobierno (Ver recuadro). Hasta ahora son 30 los artículos de la Constitución que serán modificados total o parcialmente. Pero serán necesarios otros siete debates para que se pueda conocer el contenido de la reforma que aún puede cambiar mucho.


Actualidad Extéreo recogió algunas visiones sobre cómo y hacia dónde va la reforma:


Ramiro Bejarano, experto en derecho procesal de la Universidad Externado de Colombia y columnista de El Espectador.


Actualidad-Extéreo: Usted afirmó en su columna de El Espectador que el gobierno no fue capaz de hacer valer sus puntos respecto a la reforma ¿Qué motivaciones cree que hay detrás de ese hecho?


Ramiro Bejarano: El Gobierno quiere mantener unas buenas relaciones con las cortes, quiere evitar el infierno que se vivió en la administración pasada (el choque de trenes) y le teme a esa situación. Entonces cree, equivocadamente, que una manera de hacerlo es dándoles gusto a los magistrados como en efecto sucedió: les aumentó el periodo de ocho a doce años, dejó intactas sus facultades para intervenir en la elección de contralor y procurador y evadió el tema de las tutelas contra sentencias judiciales del Consejo de Estado y de la Corte Suprema. Además hay mucha vanidad personal. Los ministros del Interior y de Justicia creen que van pasar a la historia como reformadores y en mi criterio lo que están haciendo es malreformar la Constitución.


A-E: ¿Usted cree entonces que esa reforma quedó vacía de contenido?


R.B: Pues hasta donde va sí y obviamente al ciudadano del común no le va a mejorar el servicio de justicia. Si el Gobierno insiste en esa reforma como está va a hacer más poderosos a unos magistrados, que como los de las altas cortes tienen demasiados privilegios y demasiado poder. Sería una catástrofe para el país si queda así. El país necesita un sistema de justicia que piense en los ciudadanos, no en los magistrados.


Miguel Larrota, delegado de Dejusticia para el estudio de la reforma.


Actualidad-Extéreo: ¿La reforma le da más poder a los magistrados?


Miguel Larrota: Yo no lo pondría en términos de poder, el problema es qué tan democráticas deben ser las altas cortes. Es posible llegar a un proceso de nominación de magistrados que preserve su independencia pero que sea más transparente y más abierto. En la mayoría de países los organismos que hacen esa función tienen una conformación amplia y política, aquí los magistrados nombran a los miembros de la sala administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, que a su vez propone las listas para elegir nuevos magistrados. Es excesivamente endógena la forma como se elige a las personas que conforman esa sala administrativa. Nosotros proponemos que los magistrados elijan a sus sucesores de unas listas de la sala de Gobierno del Consejo Superior de la Judicatura siempre y cuando ese organismo sea más abierto en su conformación. En el proyecto de gobierno se logra un poco pero nosotros creemos que falta.


A-E: ¿Cree que concertar con las cortes fue un error del gobierno?


M.L: Cualquier política pública debe concertarse pero eso no significa ceder. Es mucho más legítimo tomar un decisión en contra de los intereses de una persona (en este caso de las cortes) si tú la escuchaste. La gran pregunta ahora es qué tanto cedió el Gobierno. Por ejemplo, lo hizo en su propuesta sobre la eliminación del Consejo Superior de la Judicatura y eso es un error porque la Sala Administrativa tiene problemas y la disciplinaria no funciona como debería.


A.E: ¿Qué opinión tienen de la implementación de la doble instancia para las personas que tienen fuero?


M.L: Estamos de acuerdo en que los parámetros internacionales del debido proceso si incluyen el derecho de una doble instancia, es decir a que alguien revise que uno fue condenado de acuerdo a las normas. Nos parece conveniente la forma en que se propone implementar la doble instancia. Es una muy buena solución.


A.E: La reforma contempla la creación de centros de arbitraje y la posibilidad de que notarios y otros funcionarios resuelvan algunos casos para descongestionar la justicia. ¿Esto realmente podría funcionar?


M.L: No sabemos qué tan efectiva puede ser la medida. Creemos que esa propuesta plantea muchos más riesgos que los beneficios que puede traer. Riesgos en la capacidad de los funcionarios judiciales de tomar decisiones imparciales y de que sean controlados disciplinariamente por la rama. Hasta que no esté mejor pensada es mejor no apoyarla.


Gonzalo Ramírez Cleves. Magistrado Auxiliar de la Corte Constitucional.


Actualidad Extéreo: ¿Cuál es el problema que existe acerca de que una persona le ponga una tutela a una sentencia de la Corte Suprema o del Consejo de Estado?


Gonzálo Ramírez: Hay un choque entre las altas cortes sobre quién tiene la ultima palabra respecto a la constitucionalidad de un fallo, es decir respecto a si la Corte Constitucional debe o puede revisar los fallos de las otras cortes para proteger los derechos fundamentales de las personas. Esto ha causado un poco de resquemor porque el Consejo de Estado (CE) y la Corte Suprema de Justicia no creen que sus fallos deban ser revisados por otros. Como ya la Corte Constitucional lo está haciendo, lo que ha hecho la CSJ y sobre todo el CE es que no reconocen la tutela y han desobedecido muchas veces los fallos que salen de aquí.


A-E. Algunos analistas sostienen que los magistrados se benefician con que ahora se exijan veinte años de experiencia, en vez de diez, y con que la edad mínima para ser nombrado sea de 45 años¿Usted qué opina?


G.R: Ahora vamos a tener unas cortes mucho más viejas y a punto de jubilarse. Esto es a veces lo que garantiza que las cortes sean más independientes porque los magistrados no están buscando acceder a otros cargos, por ejemplo, en la corte suprema de Estados Unidos los jueces son vitalicios y en promedio tiene 70, 80 años. Eso lo que busca no es darles poder sino independencia.


Sin embargo, esto podría generar que las cortes se vuelvan conservadoras porque finalmente la sociedad va cambiando y los magistrados envejecen y son parte de una generación. De pronto cuando les lleguen una serie de problemas de nuevas generaciones no sabrían bien cómo resolverlos o qué posición tomar, aunque traten de estar a la vanguardia.


A-E: ¿Cree que la reforma cumple sus objetivos?


M.L: No es una reforma profunda pero se logra cumplir la sentencia de la Corte Constitucional sobre el derecho a la segunda instancia. Desde el primer periodo de Uribe con el ministro Fernando Londoño se ha tratado de hacer y este es como el cuarto o quinto intento. Este tipo de reformas no es que las haya inventado Colombia, son directrices de organismos internacionales y se han implementado en países latinoamericanos. En general incluyen justicia alternativa (centros de arbitraje, de conciliación, que funcionarios judiciales puedan resolver casos) y la justicia rápida, es decir, justicia oral.

¿Qué cedió el gobierno?	¿Qué ganó el gobierno?
La tutela. No se resolvió el problema de si la Corte Constitucional puede o no revisar las sentencias de las otras. El proyecto deja intacta la tutela.	Centros de arbitraje para descongestionar el sistema. Además se creó una comisión para decidir qué asuntos pueden asumir esos funcionarios.
Independencia patrimonial de la rama. El gobierno accedió a que la rama elabore su presupuesto y le ejecute de forma autónoma. Además aumentó sus recursos.	Doble instancia para personas con fuero. Congresistas, ministros y otros aforados podrán solicitar un segundo juicio, es decir, que se revise que la forma en que fueron juzgados sea la correcta.
Cooptación. El gobierno quería que los magistrados eligieran a sus sucesores sin intervenciones. El Congreso modificó la propuesta y ahora el Consejo Superior de la Judicatura propondrá candidatos, después de una convocatoria pública, para que las cortes elijan a sus nuevos integrantes.	Inhabilidades para los magistrados: A partir de ahora los magistrados no podrán ser elegidos durante los cinco años siguientes a su salida de las cortes.
Eliminación del Consejo Superior de la Judicatura. Finalmente no será eliminado. La sala disciplinaria no será reformada y no se creará el Colegio de Nacional de Abogados.	Reforma del Consejo Superior de la Judicatura. Aunque el gobierno quería crear un organismo diferente la nueva conformación de la Sala Administrativa se basa en la propuesta del Ministerio del Interior y se crea el presidente ejecutivo de la rama, quien administrará los recursos.
Elección de procurador y contralor. Las cortes seguirán haciendo parte de esas elecciones.
Consejo de Política criminal y penitenciaria: El gobierno pretendía diseñar la política criminal en asocio con las cortes, el Congreso prefirió darle más funciones e importancia al Consejo de Política Criminal que ya existe.
Igualdad de derechos para las víctimas. El congreso consideró que las víctimas ya están en igualdad de condiciones por lo que tumbó ese artículo.

Entérense de lo que dice Juan Carlos Vélez Uribe, senador ponente del proyecto.